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Se avecinan días claves para la ministra Maya Fernández. El 20 de enero, dos abogados particulares presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la inhabilidad de la ministra para permanecer en el cargo. Próximamente, el órgano de justicia constitucional resolverá sobre la admisibilidad de la presentación.

El requerimiento plantea una nueva arista de la venta fallida de la casa del expresidente Allende. ¿Corresponde que el Tribunal Constitucional resuelva acerca de la permanencia en el cargo de la ministra Fernández? Sobre la procedencia de la cesación en el cargo de la senadora Allende no hay reparos, sin embargo, existen dudas en el caso de la ministra Fernández. De hecho, los parlamentarios dedujeron un requerimiento solo respecto de la senadora.

Un análisis sistemático de la Constitución permite distinguir dos clases de inhabilidades: las que se configuran cuando una persona no cumple los requisitos para ser nombrado ministro de Estado, y aquellas que afectan a las personas que, no obstante cumplir con los requisitos, no pueden ser designados en dicho cargo o continuar en este por la personal y especial situación en que se encuentran. Son ejemplos de estas últimas haber sido declarado responsable por el Tribunal Constitucional de atentar contra el orden institucional de la República, haber sido condenado por un delito terrorista o declarado culpable en juicio político. Todos estos casos aparejan una sanción constitucional para ejercer funciones o cargos públicos por un tiempo determinado.