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En la reciente discusión del presupuesto 2025, hemos observado con preocupación la reducción de los fondos a $1000 para sitios de memoria, el Plan Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los compromisos internacionales obligan al Estado a respetar y proteger los derechos humanos, por lo que estas iniciativas no pueden ser moneda de cambio en negociaciones políticas.

Estas medidas de justicia transicional responden a necesidades generadas por los crímenes de la dictadura. El INDH, además, está mandatado para enfrentar violaciones de derechos humanos actuales, demostrando su relevancia en el presente y futuro. La adecuada implementación de estas iniciativas dignifica a las víctimas y contribuye a fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones. Su precariedad, por el contrario, refleja el desinterés político por asumir las deudas históricas del país.